La estrategia del delator

Claves de razón práctica - 1990

Desprovisto de cebos materia­les, el arrepentimiento espon­táneo cuenta penalmente porque pone de relieve un proceso de catarsis o purificación emocional; alguien obró en manifiesto perjui­cio de otra persona, pero antes de sufrir el castigo aparejado a su injusticia comprende la falta y se adelanta al juzgador: presentándo­se ante él, literalmente pide una condena externa que le permita enjugar su condena interna y borrar de raíz —pagando con su propia sangre o su libertad— una ignomi­nia.

Hasta hace muy poco distinguía­mos con toda claridad al que se entrega para enjugar una culpa del que —habiendo sido apresado sin querer— pretende desplazar la culpa sobre otros, habitualmente amigos o compañeros, para que sean ellos y no él quienes carguen con una responsabilidad derivada de actos propios, libremente decididos en origen.

Iniciativas policiales y judiciales recientes desdibujan tal diferencia, proponiendo llamar «arrepenti­miento» a lo segundo, además de conferirle ventajas penales que son cualitativamente superiores a las previstas para el arrepentimiento espontáneo. Cambio tan notable de actitud se explica partiendo de una necesidad objetiva y universal, como es hacer cumplir las leyes, aunque pasa por alto una distinción nuclear entre las leyes mis­mas. En acciones con víctima con­creta —hurto, robo, lesiones, homi­cidio, violación, calumnia, por ejemplo—, el concurso de arrepenti­dos no espontáneos implicaría ofrecer a los maleantes variadas recompensas (desde la inimputabilidad total a una inimputabilidad relativa), allí donde estuvieran dis­puestos a denunciar a otros de su misma cuerda. Incompatible con el principio de legalidad y el de igual­dad ante las leyes, dicha prerrogati­va no figura en ningún precepto de nuestro ordenamiento, y tampoco parece admitida por la opinión. Desde el «así paga Roma a los trai­dores», fuimos educados en la idea de que tales sujetos son miserables por partida doble: además de aten­tar contra las personas o los bienes de otros, incurren en la abyección adicional de traicionar la confianza depositada en ellos por sus iguales.

Ciertamente, el policía tiende a ver aspectos distintos, por razones de simple eficacia. Y al menos en un campo —el de los llamados peristas o compradores de objetos robados— transige a menudo con su existencia, para poder reclamar «servicios» cuando una ocasión especial lo requiera. Al mismo tiempo, cualquier componenda semejante supone un delito, y nunca obtendrá reconocimiento explícito de los jueces. Cabe, pues, afirmar que ni el derecho positivo ni la opinión pública ni la jurispru­dencia admiten como atenuante o eximente un arrepentimiento dis­tinto del espontáneo.

Sin embargo, es del mayor interés comprobar que esto sólo resulta invariable en acciones perseguidas por el sector del estamento policia­co llamado brigada criminal. La excepción a dicha regla no eS excepción, sino regla, cuando se trata de acciones perseguidas por cualesquiera otras brigadas, desde las estrictamente políticas a las de costumbres, pasando por aquellas que protegen la pureza de alguna fe. El caso Rushdie es un ejemplo de las metamorfosis que sufre el derecho cuando en vez de salva­guardar la integridad física o patri­monial de personas determinadas se decide a proteger la reputación de instancias divinas: lejos de prohibir el asesinato, lo incentiva con una bolsa multimillonaria.

Remontándonos en el tiempo, cuenta Tito Livio que cuando el cónsul Postumio decidió lanzarse contra las ceremonias báquicas, en el 174 antes de Cristo, no tomó medidas para verificar que se hubiera perpetrado algún crimen específico contra alguna persona específica, sino que obtuvo con amenazas graves el concurso de una antigua iniciada «y se ocupó de atraer a otros delatores con recom­pensas»[1], suspendiendo cualquier vista judicial ordinaria durante un mes[2]. Ese plazo fue suficiente para ejecutar a unas 7.000 perso­nas, tras de lo cual se decretó el ascenso de clase para la primera denunciante y «la impunidad y recompensas del resto de los dela­tores»[3]. Seis años más tarde, el pretor competente se quejaba de que «luego de 3.000 nuevas conde­nas no se ve ni con mucho el fin de este monstruoso proceso»[4].

Como muchos sabrán, el senado-consulto contra bacanales cayó pronto en desuso. Pero no se dero­gó, y dos siglos más tarde fue el instrumento elegido para luchar contra los fieles de Cristo, pues producía la deseable indefensión en cualquier acusado. Curiosamen­te, su lógica jurídica reaparecería con los escuadrones antivicio de la Inquisición católica y protestante. Allí recibió nuevo impulso el arre­pentimiento no espontáneo, gra­cias a varias medidas concretas: a) los pliegos originales de denuncia no se unían al sumario, quedando así á salvo los delatores de posi­bles penas por perjurio, calumnia y falso testimonio; b) cuando el dela­tor era un acusado (por hechicería, herejía o lujuriosidad), no sólo podía salvar vida y patrimonio gra­cias a la delación, sino acabar con­virtiéndose en agente perseguidor de pleno derecho, mientras fuese capaz de descubrir nuevos culpa­bles a buen ritmo; c) la comitiva inquisitorial quedaba autorizada para confiscar todos los bienes del acusado, y —en ocasiones— los de sus padres hermanos.

Con todo, quizá la principal inno­vación jurídica de tratados como el famoso Martillo de brujas fue la posi­bilidad de adelantarse incluso a la denuncia, inaugurando un sistema mixto de tentación y extorsión pen­sado para provocar lo prohibido o, cuando menos, para comprometer a la denuncia. Como dijo un inqui­sidor de la Suprema, Diego de Simancas, si la curia romana consi­deraba imposible suprimir la sodomía era porque no se decidía a empezar provocando el pánico en posibles delatores; según Siman­cas, «se atajaba presto el pecado nefando si se ordenase y ejecutase que al muchacho corrompido que no lo denunciase dentro de un plazo lo quemasen por ello»[5]. Puesto que lo «corrompido» del muchacho dependía casi siempre de otra denuncia, sin más pruebas, su único camino para evitar el achicharramiento en vida era asentir, con la esperanza de llegar a ayu­dante de inquisidor cuando hubiera comprometido a un número sufi­ciente de sodomitas.

Tras su secularización, la policía social y política ha seguido usando estas lecciones para combatir un cuadro heterogéneo de marginales e insumisos. En semejantes terre­nos, el infiltrado y el agente doble, usando técnicas de inducción al delito, resultan tan imprescindibles como prescindibles lo son en el terreno de la brigada criminal, donde una denuncia de parte agra­viada es norma. En efecto, muchos de los actos perseguidos por las brigadas políticas y sociales no se experimentan como agresión por parte de sus supuestas víctimas. Más bien se entienden como ama­ble ofrecimiento de un servicio que muchos demandan; para ser exac­tos, el peso de la delación remune­rada en la lucha contra este tipo de acciones es directamente propor­cional al número de quienes des­precian leyes basadas en proteger­les de sí mismos. Cuando el núme­ro supera por diez o por cien el número de plazas disponibles en penitenciarías hay alta probabilidad de que las autoridades se lancen a programas de «rehabilitación y rein­serción», cuyo objetivo práctico es el mismo del cónsul Postumio y el inquisidor Simancas: atraer a dela­tores con recompensas.

Al mismo tiempo, en favor del arrepentido no espontáneo hay otra razón, más psicológica. Cuando arrecia la batalla contra una desvia­ción que ofrece contornos gaseo­sos, esos sujetos funcionan como una brisa que disipa las brumas. En vez de enemigos estereotipados ofrecen seres con pormenor vital, que no sólo aportan calor humano al cliché infamante, sino una confir­mación para los criterios previos a sus confesiones de culpa. Cuenta Lévi-Strauss cómo un juicio por brujería seguido contra un adoles­cente zuñi transcurrió del modo más instructivo. Tras cierto azoramiento ante acusaciones que po­dían conllevar la pena de muerte, el avispado joven fue comprendiendo que admitir los cargos sobre magia le abría camino para convertirse en futuro chamán de la tribu. Y así, la previsible víctima de su maldad se convirtió en curandero reconocido por el tribunal. En palabras del etnólogo francés:

La confesión transforma al acusa­do de culpable en colaborador de la acusación. Gracias a él, la hechice­ría y las ideas ligadas a ella escapan a su modo penoso de existencia en la conciencia, como conjunto difu­so de sentimientos y representacio­nes, para encarnarse en ser de experiencia[6].

Este mecanismo posee un influjo difícil de exagerar en la inclusión del «arrepentido» como figura penal digna de indulto, remisiones de condena y hasta premios extrínse­cos. Su actitud ha prestado realidad inmediata al discurso represivo, insertándole automáticamente en ese aparato como miembro de pleno derecho. Sean cuales fueren su personalidad y sus disposicio­nes, ha logrado que el estereotipo en cuestión —vicioso báquico, bruja caníbal, perverso sexual, espía comunista, hijo maldito de Sión, gusano reaccionario, etcétera— se haga persona de carne y hueso. Desde esa forma encarnada su con­firmación del cliché es como un bálsamo, que alivia vacilaciones de comisarios y jueces a la hora de aplicar un derecho discutible en sí, despreciado por partes considera­bles del cuerpo social.

Ahora la problemática del arre­pentimiento no espontáneo se apli­ca a delitos relacionados con el uso y comercio de drogas ilícitas, capí­tulo que constituye la principal fuente de condenas penales tanto en España como en otros muchos países. El primer hito en esta direc­ción es un reciente fallo de la Audiencia Nacional, donde aplica «por analogía» a un traficante colombiano la atenuante de arre­pentimiento espontáneo. A finales de este junio, la División de Estu­pefacientes de Naciones Unidas ha recomendado a todos los países que establezcan un sistema eficaz de recompensas para estimular el «arrepentimiento», siguiendo méto­dos puestos en práctica antes por Norteamérica.

Allí se han dado casos realmente notables, como el de Michael Dec­ker —exterminador profesional, con­feso de unos veinte asesinatos—, que fue indultado, obtuvo empleo, un anticipo de 16.000 dólares y vivienda gratis por delatar a un importador de marihuana[7]. El entrapment practicado a costa de Marión Barry, actual alcalde de Washington, supuso maniobras combinadas de soborno y chantaje sobre una antigua amante, que se avino a ofrecerle una pipa con crack —cedida por el FBI— mientras alguien filmaba la escena.

Cabe preguntarse qué opinarían ciudadanos y jueces si un asesino profesional fuese indultado, contra­tado, alojado y obsequiado con un anticipo de 16.000 dólares por denunciar a un ladrón o a un con­trabandista de armas. O si el alcal­de de su capital fuese objeto de un atrapamiento análogo, con manio­bras de soborno y chantaje sobre una antigua amante, para que el servicio secreto pudiera filmarle mientras contemplaba una película X. Evidentemente, ciertas sustan­cias psicoactivas —«la droga»— son otro tema, y para algunas personas su mero uso constituye algo más perverso que el asesinato o que financiar con fondos públicos una conspiración para excluir a cierto competidor político. También es cierto que bastantes personas no piensan lo mismo y que el recurso a «arrepentidos» es absurdo cuando hay denunciantes libres de respon­sabilidad, como acontece con todos los crímenes donde una víctima concreta actúa por sí o a través de sus deudos.

Ante la situación, no parece inopor­tuno tratar de pensar a medio y largo plazo. A tales efectos, consta­temos que la rehabilitación del «arrepentido» no depende de dejar las drogas, sino de colaborar en capturas; se abren así, oficialmente, las puertas a una forma de vivir parapolicial y paracriminal a la vez, cuya manifiesta consecuencia es la formación de bandas criminales cada vez más vastas y sofisticadas. En otras palabras, el recurso para luchar contra el crimen organizado apoya al propio crimen organizado, concentrando el comercio cada vez en menos manos; si la amenaza de una condena hizo al «arrepentido» traicionar la confianza de amigos o colegas, la amenaza de los traicio­nados sobrará para hacer que pague su delación periódica con silencios periódicos, informaciones sobre redadas y otros servicios.

El coronel Arsenio Ayuso, de la Guardia Civil, aclaró hace pocas semanas a El País lo esencial del asunto cuando dijo:

Nadie da nada si no es a cambio de algo. Y ahora mismo no pode­mos ofrecerles nada. El dinero nunca es suficiente, y además es poco argumento para el que se juega la vida. Tienes que ofrecerles ventajas penales.

A nivel penitenciario, la propuesta de éste y otros mandos antidroga es libertad provisional sin fianza, libertad condicional en cualquier momento de la condena o, cuando los servicios sean menos relevan­tes, rebajar un grado las penas apli­cables (dejándolas poco más o menos en la mitad). Pero la expre­sión «ventajas sociales» debe leerse también hacia el futuro, pues un buen «arrepentido» de esta índole se mide por el número y calidad de sus colaboraciones; al ser imposi­ble que las obtenga sin frecuentar el milieu, opera allí impunemente mientras ceda al jefe de cada fac­ción lo suyo. Revendiendo parte de lo capturado, y esforzándose —por simple supervivencia— en conseguir que haya más capturas y más sus­tancias capturables, el «arrepenti­do» representa una clara innovación tecnológica para el mercado negro.

Cuando la normativa inquisitorial ensayó esta estrategia, el resultado fue una casta de «arrepentidos» pro­fesionales, dedicados entre otras cosas a la extorsión de familias acomodadas, como cuentan Pedro Mártir de Anglería, Agrippa de Nettesheim y varios renacentistas más. Y, en realidad, parece que las cosás no podrían funcionar de otro modo, pues la orientación otorga funcio­nes de defensa social a delatores remunerados e irresponsables, san­cionando un inevitable deterioro —en calidad humana— de la protec­ción resultante. Como eso destierra a «aficionados» más escrupulosos, aplica medidas contra las grandes mafias que fortalecen sus apoyos, además de consumar una infiltración del crimen en la propia admi­nistración de justicia.

Pero ésta no es la única paradoja del caso. Del mismo modo que los inquisidores y sus auxiliares «arre­pentidos» no esperaban la denun­cia para incoar una causa, y se ade­lantaban al delito con cebos mate­riales y hasta chantajes tendentes a provocarlo —cuando no vendiendo por su cuenta untos brujeriles, como refiere Andrés de Laguna, médico de Carlos I—, las brigadas de estupefacientes y su personal auxiliar han llegado a montar un complejo sistema de inducción que sencillamente borra la diferencia entre acto espontáneo y acto no espontáneo, aunque eso sea lo nuclear en teoría penal de la culpa­bilidad. La DEA norteamericana, por ejemplo, anuncia en la prensa underground laboratorios para sinte­tizar drogas, y cuando alguien se interesa es acusado de conspira­ción contra la salud pública. Otras veces —como rutinariamente sucede ya en España— un «arrepentido» y un inspector se presentan armados en casa de algún usuario fingiéndo­se gánsteres, obtienen información sobre proveedores y —una vez cap­turada cierta cantidad de droga— presentan el anillo de consumo como red de tráfico. En casi medio centenar de vistas orales celebra­das durante los últimos cinco años, tan sólo una Audiencia española —la de Córdoba— absolvió en una ocasión, por delito provocado, a las víctimas de esta maniobra; las demás alegaron que la jurispruden­cia del Supremo sobre delito provo­cado se interrumpe a finales de los años sesenta (cuando España ratifi­ca algunos tratados internacionales sobre drogas), y que la falta de espontaneidad en la conducta no exime de dolo.

La tercera paradoja se centra en las penas que recaen sobre distin­tos individuos. Si el reo es un delin­cuente habitual, que alega adicción como excusa para perpetrar diver­sos atracos, posee dos caminos igualmente prometedores: o bien se acoge a la doctrina del Supremo sobre sustitución de la condena por «tratamiento», o bien se convierte en «arrepentido». Si el reo no ha cometido nunca un delito contra las personas o la propiedad, no se declara adicto, sino usuario mode­rado, posee suficientes medios legales de vida y es hallado en posesión de ciertas cantidades de droga (cuya cuantía decide discre­cionalmente el tribunal), puede recibir penas que superan los diez y hasta los veinte años de reclusión. Cuando España comience a aplicar los ya ratificados Convenios de Viena, donde se castiga el simple consumo, será perfectamente posi­ble que reciban penas de cárcel quienes no cometieron jamás deli­to alguno, y que esquiven esa suer­te criminales abyectos. Por tanto, la legislación y la jurisprudencia han acabado aplicando atenuantes y eximentes a quienes roban o matan alegando un ansia compulsiva de drogas, mientras extreman su seve­ridad con quienes ni roban ni matan ni alegan un ansia compulsi­va de drogas, aunque las consumen de modo regular u ocasional. En otras palabras, el ordenamiento prima o subvenciona el comporta­miento de los primeros sobre el de los segundos.

La cuarta paradoja concierne al aspecto puramente económico de la represión. Supongamos que la brigada criminal pide oficialmente que se le adjudiquen los vehículos requisados a estafadores, ladrones y homicidas, y un porcentaje de su dinero y sus bienes. No hace falta ser jurisconsulto para entender que semejante cosa estimularía nuevas estafas, robos y homicidios, siendo por eso mismo desaconsejable. Sin embargo, el ya mencionado coronel Ayuso acaba de proponer —en línea con recomendaciones de Naciones Unidas— que:

Los medios de transporte y los de transmisión decomisados a narcotraficantes se adjudiquen sin trámi­te de subasta a las brigadas de estupefacientes, así como un por­centaje sobre los bienes y el impor­te del metálico aprehendido.

No es ocioso recordar que la cru­zada contra la brujería apenas se cobró víctimas hasta entrar en vigor el sistema de bulas pontificias para los inquisidores y su séquito. Dichas bulas otorgaban, precisa­mente, un porcentaje sobre los bie­nes y el metálico aprehendido a los acusados, además de indulgencias plenarias.

Quizá legisladores y tribunales resolverán algún día las paradojas de sus respectivas decisiones, expli­cando de paso por qué calcan sus métodos sobre los otrora vigentes para perseguir cultos, ideologías y comportamientos íntimos. El dere­cho no es moral reforzada con pre­mios y castigos, sino pauta de rela­ción subjetiva más allá y más acá de morales particulares, acorde con la meta de hacer fluido todo tipo de intercambio voluntario entre adul­tos. O no entendí la carrera de leyes, o allí se enseña —desde diver­sos planos— que entrar en morali­dad subjetiva constituye indiscre­ción e imprudencia para el legisla­dor, y que infaliblemente se paga generando desprecio hacia la ley.

Si el derecho irrumpe a pesar de todo en tales terrenos, una mínima coherencia elegirá la moralidad más libre de moralina, más colma­da de espíritu. Y para encontrarla basta atender a nuestra cultura jurí­dica y clásica, que se enseña en las Universidades como teoría de la culpa y de la pena. Pero esa tradi­ción llama arrepentido al arrepenti­do, y delator al delator; además, tiene el inconveniente de sentir repugnancia ante todo método que provoque la indefensión de un acu­sado. Finalmente, está en juego una u otra concepción de la justi­cia. El arrepentimiento espontáneo nos lleva a confiar en la humanitas, tanto como el arrepentimiento remunerado nos lleva a desconfiar de cosa remotamente parecida. Lo uno implica que la responsabilidad constituye un derecho inalienable. Lo otro, que la responsabilidad depende de confirmar o no cierto discurso sobre el bien y el mal, sea cual fuere el componente de hipo­cresía aparejado al caso.

Valga para terminar una disgresión, a lo mejor no ociosa. Mi oficio lleva consigo corregir exámenes varias veces al año, y ayer apareció uno que forzosamente había copia­do. Calcaba el texto básico salvo en dos o tres verbos, pero de tal mane­ra que elegir esos verbos delataba una total incomprensión con res­pecto al contenido. Merecía un cero y una papeleta con la leyenda: «copiado, y mal copiado». Pero si no había sido cogido in flagranti, era a todos los efectos un examen válido, que desde cualquier perspectiva merecía aprobado largo.

Ese respeto ante el ritmo natural del acontecer delimita, según pien­so, el horizonte del derecho cuando pretende orientarse por criterios racionales. A la ceremonia confuciana del examen corresponde la taoísta de su realización, dentro de un orden basado sobre el principio de que los pactos deben cumplirse. A la luz del principio imaginemos entonces un caso práctico: el supuesto copiador aspira a nota, ofreciendo denunciar a otros por haber copiado. ¿Qué hacer en un caso semejante? Algunos propon­drán castigar activamente la ruin­dad. Otros sugerirán al sujeto que no pierda el tiempo estudiando, cuando le necesitan urgentemente en tantas brigadas antivicio.

[1] Livio, XIV, 1-2.

[2] Íbid., XVIII, 1.

[3] Íbid., XIX, 3-7.

[4] Cfr. T. Mommsen, Historia de Roma, Gongora, Madrid, 1876, vol. IV, pp. 1, 184.

[5] Cfr. J. Caro Baroja, Las brujas y su mundo. Alianza, Madrid, 1966, p. 35.

[6] Cfr. Lévi-Strauss, Antropología estructural. Rivadavia, Buenos Aires, 1968, p. 157.

[7] Cfr. J. Mills, The Underground Empire. Doubleday, Nueva York, 1968, p. 836.


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