Semántica y Biología

Archipiélago: cuadernos de crítica de la cultura - 1989

El griego narkoun significa adormecer y sedar, cuando a principios del siglo XX cristalizó en Estados Unidos el movimiento prohibicionista en materia de psicofármacos la expresión narcotics se cargó con un significado adicional de imbecilización y vileza ética, pareciendo oportuno proteger a la sociedad de cosas semejantes.

Al convocarse las reuniones de Shangai (1909) y La Haya (1912, 1914), la delegación norteamericana tenía muy claro cuáles eran los narcotics, entre otras cosas porque no había ningún farmacólogo en ella; la integraban C.H. Brent, un obispo anabaptista —primer vicario americano de Manila—, el misionero C. Tenney y un joven abogado llamado H. Wright. Sin embargo, había químicos y médicos en las delegaciones de otros países, y el matiz ético-teológico que cobraba una noción tradicionalmente neutra les pareció «tan falto de cualquier rigor científico»[1] que ni en los protocolos de Sahanghai ni en los de La Haya se emplean términos distintos de «droga» o los nombres de cada substancia concreta. Con todo, la primera ley propiamente represiva —la Harrison Act (1914)— empleó constantemente la expresión narcotics para referirse a opio, morfina y cocaína. Fue la literatura criminológica francesa quien a principios de los años veinte comenzó a traducir este término por stupéfiants, que poco después pasó al castellano como «estupefacientes».

Cuando la Convención de Ginebra de 1925 creó el Comité Central Permanente del Opio, que luego se convertiría en Comité de Expertos en Drogas Adictivas[2], compuesto por ocho miembros «inspiradores de confianza universal por su competencia técnica e imparcialidad» (art. 19), su principal tarea teórica era definir adicción, ya que eso definiría también «estupefaciente» en términos farmacológicos. Pero para la siguiente Convención de Ginebra (1931) el concepto no había logrado precisarse satisfactoriamente en el seno del Comité, y ese instrumento siguió una vía de compromiso, pues si bien incluyó la palabra narcotics en su título —«Convención internacional sobre la fabricación distribución de estupefacientes»— el articulado no usa el término, llama a cada una de las substancias incluidas por su nombre habitual en farmacia y a título de aclaración teórica dice que «por droga se entenderán las mencionadas a continuación» (art. 1).

Durante los veintiséis años siguientes, con diversos rodeos y elusiones, el Comité rehúye pronunciamientos sobre la insistente pregunta que le formulan diversos farmacólogos: ¿qué significa droga adictiva? En sus comunicaciones e informes prefiere hablar de drogas «lícitas» e «ilícitas», con la única excepción de los trabajos preparatorios del Protocolo sobre Adormidera y Opio (1953), donde designa los derivados de la adormidera como «alcaloides estupefacientes». El caso es que estas elusiones y silencios no carecían de motivo. Era muy fácil definir las drogas que producen adicción, y al comienzo de los años treinta el Dr. C.K. Himmelsbach, por ejemplo, alto funcionario del Health Service americano, expresaba una opinión generalizada entre los especialistas al aclarar que los estupefacientes son substancias capaces de inducir «la conjunción de hábito, tolerancia y dependencia física»[3]. En otras palabras, substancias que exigen dosis crecientes para lograr el mismo efecto y cuya privación a partir de cierto grado de hábito produce un síndrome específico, detectable mediante instrumentos y manifiesto para cualquier observador.

La definición era sencillísima. No era tan sencillo, en cambio, incluir en ella la cocaína y el cáñamo, o excluir de ella el alcohol y los barbitúricos. Por consiguiente, los ocho Expertos pertenecían a una comisión internacional cuyo justo nombre debía ser «Comité de Expertos en algunas drogas de las que producen adicción y en algunas otras no adictivas». Como eso no era de recibo, o bien se defendía el binomio estupefaciente-adicción o bien se rechazaba, y ambas cosas volvían a plantear el mismo problema básico: si los Expertos eran imparciales y competentes, y centraban sus desvelos en drogas adictivas, estaban obligados a declarar que varias drogas llamadas narcóticas o estupefacientes no lo eran, y que otras varias drogas no llamadas narcóticas o estupefacientes sí lo eran, y en grado eminente.

El concepto «actualizado» de adicción.

En otras palabras, el Comité debía definir en términos teóricos una situación puramente fáctica; la tarea para su expertise era descubrir el rasgo común capaz de explicar sus propios actos, que se iniciaron cuando estaban prohibidas tres substancias (opio, morfina, cocaína) y para 1970 manejaban listas restrictivas de 223 substancias distintas, actualmente elevadas a casi el doble. Si para los centenares de brigadas de estupefacientes distribuidas por todo el mundo su deber era cuidar la salud física y moral de la humanidad, la incumbencia de los Expertos era demostrar que eso se había hecho y se hacía sobre fundamentos científicos claros. Como para un farmacólogo los fundamentos claros son aquellos que pueden apoyarse en datos biológicos, neurológicos y químicos, el asunto estaba en una vía muerta. En el seno de la OMS era un secreto a voces que la tarea resultaba imposible, mientras generaciones enteras de técnicos se mostraban incapaces de producir criterios técnicos admisibles para un Comité que seguía llevando en su nombre la referencia a drogas «adictivas». Al igual que una comisión de juristas obligada a definir técnicamente el delito de escándalo público, el Comité se veía abocado a definir lo prohibible cuando en realidad estaba comprometido en la defensa de una lista de cosas prohibidas ya.

Ante las diversas presiones, se arbitró como solución un concepto «actualizado» de addiction, expuesto en un pronunciamiento de la OMS en 1957, durante el séptimo período plenario de sesiones[4]. El Comité de Expertos consideró oportuno distinguir drogas productoras de hábito y drogas productoras de adicción.

La adicción se definió como: «Estado de intoxicación crónica o periódica originada por el consumo repetido de una droga, natural o sintética, caracterizada por:

  1. Una compulsión a continuar consumiendo por cualquier medio.
  2. Una tendencia al aumento de las dosis.
  3. Una dependencia psíquica y generalmente física de los efectos.
  4. Consecuencias perjudiciales para el individuo y la sociedad.

Por contrapartida, el mero hábito era «un estado debido al consumo repetido de una droga», un «deseo» en vez de una compulsión —con «poca o ninguna tendencia al aumento de la dosis y cierta dependencia psíquica, pero sin dependencia física»—, caracterizado por efectos que «caso de ser perjudiciales se refieren sobre todo al individuo».

El Comité no encontró mejor modo de acallar las críticas de incoherencia científica sin lesionar los intereses de la legislación vigente. Al hablar de «tendencia» a la tolerancia, y de «dependencia» física o psíquica, trataba sin duda de no dejar fuera del concepto de adicción los derivados del cáñamo y la cocaína. Por supuesto, el Comité defendía que las drogas no prohibidas eran productoras de simple «hábito», sin dependencia física y con perjuicios sólo para el individuo.

El expediente resultaba objetable, no sólo para las bebidas alcohólicas, sino para anfetaminas, barbitúricos, meprobamato y otros varios sedantes e hipnóticos considerados drogas «con mínimo potencial de abuso». Era, por ejemplo, absurdo negar que los narcóticos legales producían miles de veces más accidentes de circulación y otras violencias intra y extrafamiliares que los ilegales; era ridículo clasificar las anfetaminas en el grupo de drogas «con poca tendencia al aumento de las dosis», y era groseramente inexacto negar el carácter adictivo de todos los somníferos y sedantes lícitos.

Simplemente, nada de ese pronunciamiento parecía técnicamente admisible. No era farmacología, y tampoco era ciencia social o derecho, pues las definiciones de adicción y hábito carecían de requisitos lógicos mínimos, prejuzgando donde debían presentar variables cuantificadas y procediendo por suma de características en vez de exponer el punto de partida común o diferencial. Tanto la distinción entre «compulsión» y «deseo» como la distinción entre «tendencia» y «poca tendencia», o la distinción entre «intoxicación crónica» y «estado debido al consumo repetido», eran evidentes arbitrariedades cuando no meros juegos verbales.

Había que pensar, por ejemplo, que los millones de adictos al círculo infernal anfetamina-barbitúrico no sufrían una «compulsión a continuar consumiendo por cualquier medio», no se encontraban «intoxicados» y experimentaban «poca o ninguna tendencia» a aumentar sus dosis, mientras los usuarios de cáñamo se hallaban por fuerza en la situación exactamente inversa.

Como el pronunciamiento del Comité de Expertos acontece en el momento álgido de la paz farmacrática, cuando apenas hay en el mundo occidental usuarios de opio, heroína, cocaína o cáñamo, y cuando Estados Unidos fabrica anualmente unas mil toneladas de barbitúricos y anfetaminas para uso interno, la reacción que produjo en medios especializados fue de escándalo. La distinción entre adicción y hábito resultaba tan ideológica que equivalía a una diferencia entre sucio y limpio, cuando se pedía de los Expertos en farmacología algo distinto de una ética parda. Para ser exactos, estaba en entredicho nada menos que su «imparcialidad y competencia», los dos rasgos considerados esencialmente exigibles a los miembros del Comité, dada su evidente intención de compromiso a toda costa con el statu quo. Se hallaban sin duda sometidos a presiones —tanto por parte de los gobiernos que los habían propuesto como por parte de las patronales farmacéuticas—, pero nada les impedía declarar la verdad o dimitir.

De ahí que los propios especialistas oficiales de distintos países considerasen la «actualización» como expediente «impreciso, equívoco y de corto alcance»[5]. Hasta un experto oficial como G. Varenne, de inquebrantable fervor prohibicionista, quedó estupefacto ante la declaración de 1957 y se sintió movido a decir:

Por extraño que parezca, el fenómeno del abuso de drogas nunca ha recibido una explicación científica satisfactoria. Ni siquiera se han formulado hipótesis. No es posible definir con claridad lo que no se concibe bien[6].

Los conceptos de dependencia y psicotoxicidad.

El desencanto de la opinión especializada, y las feroces críticas del sector radical de psiquiatras y sociólogos (Lindesmith, Szasz, Becker, Schur, etc.), no lograron poner en cuestión la validez de los criterios del Comité, aunque sí aconsejaron modificar ciertas formas. Cuatro años después de formularse el concepto «actualizado» de adicción se firma en Nueva York la Convención Única sobre Estupefacientes, destinada a sustituir todos los tratados anteriores. Una nota relevante de su preámbulo fue no abordar definición alguna de la adicción, «por creer las Partes que ya se encargarán de definirla las autoridades nacionales»; en efecto, su art. 1 aclara hasta 25 términos, pero no el de adicción ni el de estupefaciente.

El Comité había decidido lanzar el balón sobre otros tejados. Sin embargo, las protestas de algunos farmacólogos dentro de la propia OMS comenzaban a adquirir caracteres de escándalo. Resultaba inaudito que en medio siglo de aplicar una legislación planetaria sobre drogas adictivas (estupefacientes) y adictos no hubiese sido posible producir una definición mínimamente aceptable de adicción (y estupefaciente). Forzado por unos y otros, el decimotercer informe del Comité de Expertos en Drogas que producen Adicción, reunido en Ginebra el otoño de 1963, explicó que no consideraba oportuno «insistir» en la adicción como fundamento legislativo:

Al hacerse cada vez más manifiestas las dificultades, se han realizado varios intentos para tratar de encontrar un término aplicable al abuso de drogas en general. El elemento común a los distintos abusos parece estar constituido por un estado de dependencia, ya sea física o psíquica, o ambas a la vez [...] El Comité de Expertos recomienda sustituir los términos «adicción» y «hábito» por «dependencia»[7].

Habían bastado seis años para que la distinción propuesta en 1957 fuese desaconsejada por sus propios propugnadores. Ahora quedaba borrada la distinción farmacológica entre drogas lícitas e ilícitas, entre medicinas y estupefacientes, entre fármacos decorosos y fármacos intolerables. Pero eso no significaba que los prohibidos dejasen de estar severamente prohibidos, y que los autorizados no siguiesen siendo generosamente dispensados. Significaba sólo que la máxima autoridad internacional no se sentía obligada a explicar científicamente sus recomendaciones y decisiones. El problema teórico de fondo se convertía en un problema terminológico, que con la extraordinaria amplitud de la «dependencia» permitía abarcar todas las drogas y ninguna, esto es, obrar de un modo absolutamente discrecional en la materia.

En efecto, cuando la dependencia se vinculaba al síndrome abstinencial era un fenómeno atestiguable por terceros, «sensible»; ligada a estados de ánimo —como dependencia «psíquica»— era un fenómeno que sólo podía atestiguar el propio sujeto, sencillamente no objetivable. Por otra parte, el hombre de la calle llamaba dependencia de drogas a la dependencia física, y toda la propaganda hecha desde los años veinte contra los narcotics se basaba en ese aspecto precisamente. De ahí que H. Halbach, jefe de la división de farmacología y toxicología de la OMS en Ginebra, secretario en 1963 de la reunión del Comité de Expertos que preconizó el «cambio de terminología», admitiera sin reservas como un inconveniente de la misma que la palabra adicción sugería «la necesidad de un control», mientras la expresión dependencia no dejaba tan claro ese aspecto como hubiese sido deseable. Sin embargo, añadió: «Es imposible establecer una correlación automática entre datos biológicos concretos y las medidas administrativas que han de tomarse»[8].

Era un modo sibilino de declarar que la biología y las medidas administrativas constituían cosas con fundamentos distintos, yendo así al corazón mismo del asunto. No habían sido farmacólogos, químicos o siquiera médicos quienes, atendiendo a razones químicas o farmacológicas estrictas, pusieron en marcha la Prohibición, y por eso mismo era ya hora de aclarar —a quien quisiera entenderlo— que la Prohibición no podría justificarse con la «biología» en general. Desde luego, el término «dependencia física o psíquica» era de una vaguedad desconcertante, pero no había nada mejor que abarcase el elenco de drogas ilegales vigentes, e incluso la «dependencia psíquica» pareció entonces —1968, cuando había unos diez millones de norteamericanos fumadores de marihuana, la mayoría universitarios y profesionales respetables— un término inadecuado para describir la relación de los usuarios con ciertos fármacos ilícitos.

Por otra parte, el sector más incondicionalmente prohibicionista se sintió alarmado porque «dependencia» no subrayaba la nocividad intrínseca de los estupefacientes (narcotics), sin comprender del todo —por la propia brusquedad del cambio propuesto— que el Comité había liquidado pura y simplemente ese concepto a nivel científico, ligándolo a «medidas administrativas». Tal como en 1957 se dejaba guiar por la ideología prohibicionista robusta, en 1968 la convicción del Comité de Expertos era lo que Szasz ha definido como «terapeutismo», con algunos matices radicales incluso, insistiendo en una perspectiva fenomenológica (descriptive approach) en perjuicio de la moralizante tradicional, que apoyaba con todas sus fuerzas la distinción entre hábito (propio del consumo crónico de drogas decentes) y adicción (propio del consumo crónico e incluso esporádico de drogas indecentes). Halbach tuvo la audacia de seguir yendo al fondo y explicar:

La relativa lentitud con que se incorpora el nuevo término «dependencia» a los textos legales y las reglamentaciones se debe en gran parte al carácter «formal» de éstos. Cuando la actual actitud hacia la adicción haya evolucionado, pasando de punitiva a terapéutica, el fenómeno será reconocido en todas partes como una cuestión de psicosociopatología, y así se reflejará en el lenguaje legislativo[9].

La profecía de Halbach no se cumplirá en modo alguno, pues lo que en definitiva va a imponerse es una actitud punitivo-terapéutica, en vez de un enfoque «médicosocial» opuesto al «eticolegal», como pedía el secretario del Comité de Expertos. Ya entonces el Dr. J. Mabileau, presidente de la Comisión de Estupefacientes de las Ilaciones Unidas declaró en contra de la orientación manteniento que:

El término adicción posee una gran fuerza y figura en numerosos textos de valor jurídico, por lo que algunos autores temen que un nuevo cambio de terminología dé lugar a grandes complicaciones[10].

En Ginebra, vinculado a la OMS, el Comité de Expertos representaba a las palomas, que abogaban por un «cambio de mentalidad [...] basado en adoptar una postura positiva en vez de punitiva»[11], arrastrando las «grandes complicaciones» anticipadas por el grupo de los halcones, concentrados en Viena, alrededor de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE). Para la JIFE fue sin duda un golpe la declaración que hizo en 1969 el Comité, cuando decidió llamarse Comité de Expertos en Drogas que producen Dependencia, dejando en el aire el nombre mismo de la central vienesa. Además, el grupo ginebrino apoyó —en su decimosexto Informe (1969)— una definición de dependence peligrosa por aséptica y por retener el único elemento susceptible de prueba objetiva esbozado en todas las definiciones previas:

Estado psíquico, y en ocasiones también físico, debido a la interacción de un organismo vivo y un fármaco [...], caracterizado por varias reacciones, entre fes que se encuentra la compulsión a volver a consumirlo de forma continua o periódica.

A sensu contrario, el simple deseo de repetir ocasionalmente una experiencia con algún psicofármaco —legal o ilegal— no constituía problema alguno. La dependencia no era consumir un «estupefaciente» (por definición adictivo), sino la incapacidad de un individuo para dosificarse cualquier tipo de droga, demostrable sólo tras un examen de cada caso singular. Por consiguiente, no era «heroinómano» el que tomase heroína, ni «cocainómano» el que tomase cocaína, sino sólo aquél que hiciese un empleo compulsivo de tales fármacos.

El conjunto de la actitud resultaba intolerable para la FBN americana y la JIFE, que no modificaron su apoyo al concepto de los «estupefacientes», ni su fe en que sólo los fármacos clasificados expresamente como tales lo fueran. La definición de «droga» suministrada por la OMS también en 1969 —«substancia que al introducirse en el organismo puede modificar alguna de sus funciones»— era no menos intolerable por la falta de juicio peyorativo. Sólo quedaba asegurarse de que ninguna de esas declaraciones tuviese reflejo en la realidad legislativa nacional o internacional, y defender un concepto de aspecto prometedor como el de psicotoxicidad.

Como el Comité de Expertos desertaba del punto de vista ético-legal para atenerse a una perspectiva al fin farmacológica en su noción de droga y dependencia, la División de Estupefacientes, la Comisión de Estupefacientes y la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes aconsejaron volver la vista más atrás, atendiendo a algunas de las primeras construcciones teóricas de la OMS, como las ideas expuestas en 1952 por P.O. Wolff, jefe de la sección de drogas adictivas. Según Wolff, las drogas psicoactivas podían ser: a) fatalmente productoras de necesidad imperiosa; b) jamás productoras de necesidad imperiosa; c) dependientes del factor psíquico individual[12]. El mismo aprecio mostraban por la clasificación de A. Porot, que distinguía:

Las grandes adicciones o adicciones mayores (opio, cáñamo, cocaína, etc.), y cierto número de pequeños hábitos familiares en relación con algunas substancias inofensivas en su uso habitual y moderado (alcohol, tabaco, café, etc.).[13]

Mejores o peores, estas clasificaciones reafirmaban la distinción entre adicción y hábito hecha por la OMS en 1957, y tenían en común con el espíritu prohibicionista original —antes del terapeutismo— «relegar lo más posible al olvido la constitución psíquica del drogado»[14].14 En definitiva, hacían posible conservar el concepto afarmacológico de las drogas, considerando a unas malignas, a otras benignas y a otras indiferentes, con independencia de la ocasión y la persona. Como cualquier otro neologismo, la «psicotoxicidad» presentaba ciertas resonancias técnicas, y permitía seguir creyendo en estupefacientes per se, intrínsecamente tales, aunque no produjeran dependencia física o siquiera tolerancia.

Sin embargo, los psicotóxicos no hacían sino resucitar textualmente la problemática de los «venenos del alma», fundamento tradicional de la censura teológica y política en sus diversas manifestaciones, apoyadas siempre sobre la pretensión de proteger el entendimiento ajeno de un Error u otro. Se trataba por eso de un neologismo, aunque no de un concepto nuevo. El café, por ejemplo, era psicoactivo, mientras el haschisch era psicotóxico. «Psicotóxico» no quería decir neurotóxico —concepto determinado, que requiere probar una lesión neural en puntos definidos del sistema nervioso—, sino cierta forma indeseable de influir en el comportamiento o el raciocinio. Por su parte, la declaración de «indeseabilidad» era prerrogativa de ciertas autoridades, sin nexo alguno con el sentimiento de los usuarios.

La categoría de substancia psicotrópica.

Cuando la controversia mundial en torno a las drogas alcanza su punto crítico, a finales de los años sesenta, este concepto de psicotoxicidad se convierte en el de psicotropía, unificando las restricciones impuestas a nuevas drogas por el Convenio internacional de 1971. A costa de hacerse todavía más abstracta o vaga que la noción de substancias psicotóxicas, la noción de substancias psicotrópicas —tropos en griego significa movimiento, cambio— presentaba la ventaja de ser en principio neutral. Una droga psicotrópica no es en principio mala ni buena, sino simplemente capaz de alterar «el juicio, el comportamiento, la percepción o el estado de ánimo» (art. 4,2).

Pero el Convenio incorporaba a la calificación de psicotropía una mención a «uso indebido y efectos nocivos», que restablecía la discrecionalidad puesta en cuestión por los pronunciamientos del Comité de Expertos en 1965 y 1969. Habrá uso indebido cuando el usuario no cuente con la autorización de alguna autoridad, y efectos nocivos cuando las autoridades así lo estimen. Aunque caracteriza a toda la legislación internacional sobre drogas la tendencia a establecer aquello que los penalistas llaman «normas en blanco» —aplicadas por el represor y el juzgador a su arbitrio—, el Convenio de 1971 representa un nito singular en esta dirección, ya que no fija parámetros objetivos de actuación a los encargados de ponerlo en práctica; el legislador convierte allí a los poderes ejecutivos en legislativos, haciendo que su práctica sea la única teoría.

En efecto, para que una substancia sea incluida en alguna de las Listas es preciso que a juicio de la OMS sea efectivamente psicotrópica, cree un estado de dependencia y «haya pruebas de que constituya un problema sanitario y social que justifique la fiscalización internacional» (art. 2,4). Pero en ese mismo artículo la mención a «uso indebido y efectos nocivos» socava el principio de legalidad, pues la declaración acerca de ese decisivo aspecto no corresponde a la OMS sino a las autoridades locales. Si podía oponerse al concepto de substancias psicotrópicas ser un puro cajón de sastre (¿acaso no son substancias psicotrópicas las cartas de amor, las letras de cambio, los símbolos de diversos tipos, etc.?), en la indeterminación total de lo «indebido» y lo «nocivo» se completaba el círculo vicioso inherente a la psicotoxicidad. De ahí que substancias como la psilocina, incapaces de definición de crear «dependencia» y prácticamente no consumidas desde su descubrimiento por más de un centenar de personas en todo el planeta —lo cual excluye todo «problema sanitario y social» estuviesen desde el principio incluidas en la Lista I de fármacos superpeligrosos, simplemente porque su parecido químico con la LSD implicaba una automática presunción de substancia psicotóxica.

Con todo, lo esencial de la reacción prohibicionista que cristaliza en el Convenio de 1971 es confirmar el deber/derecho estatal de intervenir en la esfera íntima. Si en 1920 se hubiese sugerido otorgar a los Estados y a la Liga de Naciones la defensa «del juicio o el comportamiento o la percepción o el estado de ánimo» de los ciudadanos, ante cualquier tipo de fármacos, la iniciativa habría producido una mezcla de estupor e hilaridad. Los ciudadanos sólo necesitaban ser protegidos de ciertas substancias específicas, y precisamente porque producían adicción. La historia de las definiciones de «adicción» tiene el interés de mostrar cómo se colma ese paso a nivel legislativo. Semejante a un objeto que va desapareciendo al aumentar la atención puesta sobre él, a la hora de comenzar a prohibir los narcotics parecía claro qué eran; va dejando de parecerlo cuanto más perentoriamente es reclamada una definición, y finalmente el término se esfuma como idea científica para ceder su puesto a cualquier cuerpo químico capaz de modificar alguna función del sistema nervioso central.

Pero esfumarse como idea científica no significa desaparecer como categoría ético-legal. El Convenio de 1971 deja subsistentes las listas de estupefacientes prohibidos por la Convención Única de 1961, y añade cierto número de «psicotropos», reservando a la comunidad internacional incluir cualquier otro con uso indebido y efectos nocivos, a tenor de lo que sugieran las brigadas encargadas de reprimir el tráfico y consumo de estupefacientes en cada país. La iniciativa de un sector del Comité de Expertos para convertir la actitud punitiva en «psicosociopatología» quedó abortada de raíz. De las substancias psicotrópicas se encargan los mismos Prohibition agents encargados de los demás, y está claro que parte de ellas (las de la Lista I) son estupefacientes en sentido máximo, y a otra parte estupefacientes en sentido mínimo.

La pregunta ¿qué drogas son peligrosas y merecedoras de control? tiene ya una respuesta terminante. Son peligrosas y merecedoras de control aquellas cuyo consumo alarme a las fuerzas del orden en cada territorio. Drogas peligrosas son las drogas prohibidas. Es la prohibición aquello que determina la naturaleza farmacológica de algo, en vez de ser esa naturaleza lo que determina su prohibición. Aparentar lo contrario, durante sesenta años, fue un modo de preparar a la sociedad para que aceptase el inevitable crecimiento de la administración pública.

[1] Cfr. J. Segarra, en Las drogas, n.° extr. de Gaceta Médica, 1974, p. 23.

[2] La traducción oficial de Naciones Unidas para addiction es «toxicomanía».

[3] Cfr. Public Health Reports, supl. 165, U.S. Gov. Print. Off., Washington D.C., 1937.

[4] OMS, Serie de los Informes Técnicos, n.° 116, 1957.

[5] G. Varenne, El abuso de las drogas, Guadarrama, 1973, p. 39.

[6] Ibid., p. 27.

[7] OMS, Serie de los Informes Técnicos, n.° 237, 1964.

[8] «Pharmakopsychologie- Neuropsychopharmakologie», I, 4, 1968; en Varenne, 1973, p. 46.

[9] Ibid., p. 47.

[10] Rev. Intern. Pol. Criminelle, 20, junio-julio 1965, p. 189.

[11] J. Segarra, 1974, p. 26. Cfr. A. Goldstein, Comments on the Drus Abuse Problem. In the Challenge of Life, Birkhauser, Basel, 1972.

                            [12] Cfr. Ch. Durand, Encycl. Médico-chirurgicale, «Psychiatrie», A 10, 2-1955, en Varenne, 1973, p. 58.

[13] Les toxicomanies, 1953, p. 112. El subrayado es de Porot.

[14] Varenne, 1973, p. 62.


La condición y lo condicionado

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